Por: Daniela Pacheco, colaboradora de IDEAL | Esta columna fue publicada originalmente en Milenio

El lawfare o guerra judicial en Argentina avanza a dos velocidades simultáneas: por un lado se protege y se absuelve a Mauricio Macri, y por el otro, se intenta proscribir a Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones del próximo año. No de cualquier modo, sino en una condena rápida, televisada y lo más escandalosa posible, para luego obtener una condena firme que le impida presentarse a cualquier cargo y así condicionar las elecciones de 2023.

Este lunes, el fiscal Diego Luciani inició nuevamente una audiencia para presentar los alegatos contra la vicepresidenta argentina por supuestamente formar “una asociación ilícita” para defraudar al Estado durante su gobierno, en el caso conocido como “vialidad”. Esta ha sido la única acusación contra la exmandataria en la que se ha llegado a la instancia del juicio oral.

Ante la falta de pruebas y de contundencia jurídica para acusar, el “sentido común” fue la prueba reina presentada en contra de Fernández. En tres años de transcurrido este juicio, ningún empresario de la construcción ni funcionarios de todos los niveles de los sucesivos gobiernos han podido aportar un elemento para sostener que las licitaciones fueron falsas. Incluso, los propios testigos presentados por la fiscalía desmintieron las hipótesis de la acusación.

Basta con revisar los titulares de los principales diarios argentinos que, de forma anticipada, preparan el terreno para la condena. Incluso diarios como El Clarín —que desde hace varios años emprendieron una persecución contra Fernández— transmitieron en vivo más de nueve horas de alegatos, en una especie de televisación en directo de un fiscal que actuó como dijo en el pasado que iba a actuar. Se trata de preparar un relato, instalar una narrativa y dramatizarla para ir por la proscripción, de hacer del lawfare un show en vivo. La gente no se sienta a ver horas de alegatos ridículos y se queda con el veneno de los titulares y los tweets, que uno tras otro parece no dejar lugar a duda de una supuesta culpabilidad.

No es la primera vez que la justicia argentina se ensaña contra la política. Recordemos cuando en 2019, el juez Claudio Bonadio citó a la expresidenta para que declarara en un solo día en ocho causas diferentes por presunta corrupción durante su Gobierno. Fue un suceso sin precedentes en los tribunales federales argentinos, un hito que la misma Kirchner señaló como “una suerte de función de cine continuado”.

El lawfare constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que busca condicionar los procesos electorales, la agenda política y la opinión pública. A Cristina Fernández de Kirchner quieren hacerle lo mismo que a otras y otros dirigentes políticos como la expresidenta Dilma Rouseff, quien luego de haber sido destituida de su cargo como presidenta via impeachment, fue absuelta de los cargos de corrupción; como el expresidente y ahora candidato presidencial Lula Da Silva, que después de casi dos años preso fue absuelto de los cargos, también de corrupción; como al expresidente Rafael Correa, enjuiciado y condenado por el delito de “influjo psíquico” y cuya máxima prueba es un “préstamo” de 6.000 dólares; como al exmandatario Evo Morales, en contra de quien se fraguó un golpe de Estado acusándolo de fraude electoral.

Los medios de comunicación y el poder judicial quieren nuevamente la foto de Cristina en el banquillo de los acusados, como postal de arranque del período electoral en Argentina. Como no pueden derrotarlos ni en las urnas ni en las calles, la práctica sistemática del lawfare se ha convertido en la principal herramienta de la derecha para proscribir a las y los líderes del progresismo. Sin embargo, ya volvieron Lula, Evo y Cristina…