Con el objetivo de evadir el juicio político en su contra por corrupción, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea Nacional y con ella, el fin de su gestión al frente del ejecutivo a través de la muerte cruzada, un mecanismo que permite al ejecutivo y legislativo disolverse mutuamente y de forma anticipada para llamar a elecciones en un periodo máximo de seis meses. El decreto de disolución de Lasso se sustenta sobre una supuesta “grave crisis política y conmoción interna”, una de las tres causas que, de acuerdo con la Constitución vigente, permite invocar a la muerte cruzada y la única que no requiere del dictamen de la Corte Constitucional.

Sin embargo, se trata de una medida inconstitucional al no cumplir ninguna de las causales. El día de su defensa en la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso habló de la “estabilidad que imperaba en Ecuador” y al siguiente día argumentó conmoción interna. El Expresidente Rafael Correa y presidente Honorario de IDEAL aseguro que “aunque inconstitucional es la mejor salida en los hechos para el pueblo ecuatoriano que van a poder elegir un nuevo gobierno” y añadió que la Revolución Ciudadana, su partido, está en plena capacidad de ganar dichas elecciones.

Por su parte, Gabriela Rivadeneira, directora Ejecutiva de IDEAL y expresidenta de la Asamblea de Ecuador aseguró que “es momento de ponernos la bandera del Ecuador en el corazón, es una oportunidad para recuperar la patria. No se trata de rostros, se trata de una propuesta de país que nos unifique y nos permita volver a soñar con el Ecuador que queremos”.

Lasso mantendrá su cargo por decreto durante un máximo de seis meses, con el aval de la Constitución para expedir decretos y leyes urgentes de carácter económico, mismas que podrán ser aprobadas o derogadas por el órgano legislativo recién creado.