Por: Soledad Buendia, colaboradora de IDEAL
La justicia en nuestros países es un espacio que reproduce los estigmas, prejuicios y discriminaciones sociales, afectando la vida de todas las personas.
La no discriminación es parte de una concepción fundamental de la justicia. Una sociedad justa es aquella en la que no existen, o al menos no son significativos, los tratos de desprecio hacia grupos completos por razón de una característica o atributo como el sexo, la discapacidad, la edad, la cultura, el origen étnico, la orientación sexual, entre otras. En este orden de ideas las instituciones no pueden tener ni tolerar acciones ni procesos que contrapongan esta premisa.
En medios de comunicación las noticias sobre violencia sexual contra niñas y niños, femicidios, asesinatos y otros tipos de violencias ocupan titulares y portadas. Las leyes que buscan sancionar e inhibir esos comportamientos, aunque importantes, no son suficientes, pues para la prevención y erradicación de estos delitos se requiere de operadores de justicia sensibles, capacitados, libres de sesgos y estereotipos. Además de instituciones comprometidas donde al momento de la impartición de la justicia la discrecionalidad y el fuero personal de jueces y juezas no sean los detonantes de más injusticias e impunidad.
La homofobia entendida como la aversión hacia personas con diferente orientación o identidad sexual se traduce en actitudes degradantes, ofensivas o desfavorables que reflejan rechazo, así como odio irracional y producen violencias y discriminación. Esta práctica social es mucho más grave cuando proviene de autoridades de justicia.
Un caso emblemático suscitado en los últimos días en Brasil remueve las conciencias y cuestiona a todo el sistema de justicia. Sophia, una niña de apenas dos años, fue violada y asesinada por la pareja sentimental de su madre. Su padre solicitó varias veces la custodia frente a la violencia de la cual era víctima la niña, pues la atendieron 30 veces en la red de salud pública, pero el personal médico nunca denunció los maltratos físicos.
Los jueces le negaron la custodia basando su decisión en un estereotipo pues el padre es homosexual y no tiene una familia “normal” según las autoridades. Este es uno de los muchos casos que se repiten en cada uno de nuestros países, en los que el sistema de justicia y las instituciones judiciales tienen responsabilidad por acción u omisión. Es momento de hacer cambios estructurales en toda la región. Las juezas y jueces homofóbicos no pueden impartir justicia.