Por: Soledad Buendía

La violencia sexual contra adolescentes, el embarazo adolescente y el matrimonio infantil forzado son problemas persistentes en América Latina que tienen profundas repercusiones en los derechos humanos, la salud y el desarrollo de las niñas y adolescentes. Estos fenómenos reflejan las desigualdades estructurales, la violencia de género y la discriminación en la región, afectando desproporcionadamente a las niñas más vulnerables, incluidas aquellas en situaciones de pobreza, indígenas o afrodescendientes. 

América Latina es una de las regiones con las tasas más altas de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Un informe de UNICEF indica que al menos 1 de cada 4 niñas en la región experimenta algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años. Esta violencia se manifiesta en diversas formas, desde el acoso sexual hasta la violación, y muchas veces es perpetrada por personas cercanas, como familiares o conocidos. El acceso limitado a la justicia agrava el problema, ya que muchas veces las denuncias no se procesan adecuadamente y las víctimas enfrentan revictimización. En países como Guatemala y Perú, la impunidad sigue siendo alta, y las niñas víctimas de violencia sexual a menudo no reciben la atención médica y psicológica adecuadas. 

El embarazo adolescente sigue siendo un problema crítico en América Latina, donde la tasa de fecundidad entre adolescentes (15 a 19 años) es de 59.8 por cada 1,000 nacimientos, superando la media mundial de 41.2. Las cifras son alarmantes en países como Nicaragua y República Dominicana, que tienen algunas de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región.

Este fenómeno está directamente relacionado con la violencia sexual, ya que en muchos casos las adolescentes quedan embarazadas como consecuencia de abusos. Además, las adolescentes embarazadas enfrentan tasas de deserción escolar, pobreza y exclusión social, lo que perpetúa un ciclo de vulnerabilidad y marginalización.

El matrimonio infantil, definido como la unión formal o informal antes de los 18 años, es otra manifestación de la violencia contra niñas y adolescentes en América Latina. A pesar de las leyes que prohíben esta práctica en muchos países, se estima que cerca del 25% de las niñas en la región se casan o se unen antes de los 18 años. Este fenómeno es más común en zonas rurales y en población indígena o afrodescendiente, donde las normas culturales y las condiciones económicas influyen en la práctica. El matrimonio infantil forzado priva a las niñas de su infancia y vulnera sus derechos a la educación, la salud y la autonomía. Además, las niñas casadas tienen mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y sexual dentro del matrimonio, y es más probable que queden embarazadas a una edad temprana, lo que aumenta los riesgos para su salud física y mental.

La persistencia de la violencia sexual, el embarazo adolescente y el matrimonio infantil en América Latina está profundamente arraigada en las desigualdades de género y las normas culturales que perpetúan la subordinación de las mujeres y niñas. En muchas sociedades de la región, las niñas son vistas como inferiores o como propiedad de los hombres, lo que justifica la violencia contra ellas. Además, la pobreza exacerba estas dinámicas, ya que las familias en situación de precariedad a menudo ven el matrimonio infantil como una estrategia económica para reducir la carga familiar.

La falta de acceso a la educación y la información sobre derechos también juega un papel fundamental en la perpetuación de estos fenómenos. Muchas adolescentes no tienen acceso a servicios de salud sexual o no conocen sus derechos, lo que las hace más vulnerables a la violencia sexual y a los matrimonios forzados.

Para abordar estos problemas, es indispensable impulsar políticas públicas integrales que se enfoquen en la prevención de la violencia sexual, el acceso a la educación y la justicia, y la atención adecuada a las víctimas. Las campañas de sensibilización que desafían las normas de género y que promuevan los derechos de las niñas son esenciales para cambiar las actitudes culturales que perpetúan estas formas de violencia.

Diversos países de América Latina han tomado medidas legislativas para prohibir el matrimonio infantil y mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en 2021, México reformó su Código Civil para prohibir el matrimonio antes de los 18 años sin excepciones, mientras que otros países han desarrollado programas de atención integral para adolescentes víctimas de violencia sexual.

La violencia sexual contra adolescentes, el embarazo adolescente y el matrimonio infantil forzado en América Latina son problemas interrelacionados que afectan gravemente los derechos y las oportunidades de las niñas en la región. A pesar de los avances legislativos y los esfuerzos de prevención, persisten desafíos significativos para erradicar estas formas de violencia de género. Es imperativo continuar con políticas públicas inclusivas y sostenibles que no solo aborden las consecuencias, sino también las causas estructurales de estos problemas, promoviendo la equidad de género y protegiendo los derechos de las niñas y adolescentes en la región.