Por: Daniela Pacheco, colaborada IDEAL | Este artículo fue publicado originalmente en Milenio

Construir una sociedad más igualitaria, con mejores salarios y con la participación de los trabajadores de las ganancias empresariales, son algunos de los hitos de ciertos gobiernos, intolerables para las élites económicas. Al igual que Juan Domingo Perón en su momento, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también ha sido objeto de una persecución judicial y mediática sin precedentes.

No es casualidad que sean precisamente las y los líderes populares, progresistas, que se convirtieron en una piedra en el zapato para la clase dominante; que le regresaron derechos a las clases más populares; que obligaron a los evasores a pagar impuestos; que redistribuyeron riqueza, los perseguidos por sistemas judiciales coptados para neutralizarlos y proscribirlos políticamente.

No, no es casualidad que le suceda a Cristina Fernández, ni que le haya sucedido a Lula Da Silva, a Rafael Correa, a Evo Morales, a Dilma Rouseff, a Jorge Glas. Resulta menos costoso utilizar a la justicia como resorte político que invadir países o, por supuesto, que ganar elecciones legítimamente. En tiempos de la posverdad resulta fácil crear narrativas de absoluta culpabilidad cuando, apoyados por una agresiva agenda mediática, convencen a las y los espectadores de la veracidad de sus casos legales.

Hace tiempo que las disputas por los espacios de poder, antes restringidas exclusivamente a la arena política, se vienen expandiendo cada día más a los espacios jurídicos; el derecho y los sistemas judiciales utilizados como instrumentos de golpeteo político. En Brasil, un sector del poder judicial anuló la posibilidad de que el expresidente Lula se presentara a las elecciones presidenciales en 2018 y además logró encarcelarlo. Posteriormente, las causas en su contra fueron anuladas y sus derechos políticos, restituidos. Dilma Rouseff, también expresidenta de ese país, sufrió un golpe de estado desde los poderes judicial y legislativo, para que tiempo después, ya destituida, fuese absuelta de los cargos.

En Ecuador, tras un juicio por supuestos sobornos, ejecutado en tiempo récord, y hasta de una absurda sentencia por el delito de “influjo psíquico”, el expresidente Rafael Correa fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 25 años, de cara a las elecciones del 2021. No se trata solamente de la destrucción de sus reputaciones, sino de un tremendo golpe a la democracia.

Este manejo bélico de los instrumentos judiciales termina encubriendo, total o parcialmente, la práctica de ataques políticos con un velo de aparente y estricta legalidad, quitándole el legítimo derecho a los pueblos para decidir con información veraz sobre sus mandatarios. Así, con un titular tras otro, la manipulación del ideario social opera sutilmente y propicia una mayor protección sobre los persecutores que aparentan defender los intereses del Estado y de la gente.

“Esto es un juicio al peronismo y a los gobiernos populares”, aseguró Fernández de Kirchner, luego del pedido de los fiscales de una pena de 12 años de prisión y de su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, como resultado del caso conocido como “vialidad”. Tanto Perón como Cristina han sido blancos de “un pelotón de fusilamiento mediático judicial”, como ella misma lo denomina.

La historia se repite con los líderes populares, usando un mismo libreto, pero ahora más ensayado; jueces que parecen actores y juicios que se asimilan más a novelas. Cambian las formalidades, pero la estrategia es la misma: proscribir a quienes amenazan los intereses dominantes.