Por: Daniela Pacheco, colaboradora de IDEAL

Por primera vez en la historia de Colombia, el gobierno de ese país pidió perdón públicamente por los mal llamados “falsos positivos” como se conocen a los asesinatos cometidos por miembros del Ejército contra civiles entre 2002 y 2008, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate para posteriormente recibir beneficios.

La mayor cantidad de las ejecuciones extrajudiciales se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se llenaba la boca diciendo que “no estarían recogiendo café”, cuando hablaba de los jóvenes, cuyo único pecado era ser pobres o campesinos, o ambos. Las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles, es decir, cometieron más asesinatos que los ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Cerca de 1.500 militares, presuntamente, estuvieron involucrados en la práctica de los “falsos positivos”, con la que las Fuerzas Armadas buscaron presentar buenos resultados a sus superiores en el combate a las guerrillas y bandas criminales.

“Ustedes son las madres de la patria, a las que quisieron silenciar, que fueran un chiste, que se les burlaban, para decirles que estaban locas, como si se pudiese matar… No estaban recogiendo café -decían-, qué los llevó a morir, la codicia del poder”, dijo el presidente Gustavo Petro, durante el acto de perdón público, a las Madres de Soacha, uno de los colectivos de madres que perdieron a sus hijos en medio de esta repugnante práctica incentivada por los dos gobiernos de Uribe Vélez, en donde se premiaba a los perpetradores con recompensas económicas, ascensos, viajes y hasta salidas de fines de semana.

Después de las contundentes pruebas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, sobre la existencia de los “falsos positivos”, a Uribe no le quedó más remedio que aceptar que efectivamente sí existieron, después de desconocerlos por años, aunque siga negando que fuera él quien diera la orden. Un presidente supremamente inmiscuido en el papel de las Fuerzas Armadas que hacía oídos sordos a verdades que circulaban sin parar durante años, pero opacadas en su altísima popularidad. ¿A quién le importaba un joven campesino, sin estudios, sin apellidos rimbombantes, de una comunidad rural, que aparecía muerto con las botas al revés y nuevas?, mientras los dueños de la tierra en Colombia pudieran viajar seguros a sus fincas y haciendas.

Lastimosamente, hoy por hoy, resulta fantasioso pensar que Álvaro Uribe Vélez pueda responder penalmente por estos delitos atroces que todavía encuentran justificación en algunas agendas políticas y mediáticas, sino miren a nuestros vecinos salvadoreños. Incluso, si no tiene responsabilidad directa de mando como dice, debería asumir su responsabilidad política por estos hechos que por supuesto fueron de carácter masivo y que se debieron a una política de Estado. Sin embargo, todavía tiene más de un aplaudidor que justifica su accionar, al fin y al cabo, la vida de un pobre, que no puede llevar su caso al poder judicial, a los medios, no vale mucho. Aplica en Colombia, en México y seguimos contando.

Esta columna fue publicada originalmente en Milenio