Por: Soledad Buendía
Los Estados de bienestar han jugado un papel central en la configuración de las políticas sociales y económicas de los países en América Latina. A través de un conjunto de políticas públicas orientadas a garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud y la seguridad social, los Estados de bienestar han buscado reducir las desigualdades sociales y proporcionar una red de protección para la población. Sin embargo, desde una perspectiva de género, los sistemas de seguridad social han mostrado limitaciones significativas en términos de su capacidad para satisfacer las necesidades específicas de las mujeres.
Los Estados de bienestar en América Latina surgieron en gran medida como parte de un proceso de modernización y expansión del rol del Estado en la economía y la sociedad durante el siglo XX, particularmente a mediados de la década de 1940 y 1950. A diferencia de los modelos europeos, los Estados de bienestar latinoamericanos han sido históricamente fragmentados y excluyentes, con una marcada desigualdad en el acceso a los beneficios sociales, particularmente para las mujeres y otros grupos vulnerables. Esto se debe en parte a la influencia de sistemas de bienestar basados en modelos contributivos, que excluyeron a quienes no tenían trabajos estables en el sector formal.
Las mujeres, debido a su rol tradicionalmente asignado como responsables del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, han sido especialmente vulnerables a esta exclusión. En muchos países de la región, las políticas de bienestar estaban estructuradas en torno a la figura del trabajador masculino como el principal proveedor de la familia, lo que limitaba el acceso de las mujeres a los derechos de seguridad social. Este diseño patriarcal y excluyente de los sistemas de bienestar ha perpetuado la desigualdad de género, subestimando y desvalorizando el trabajo de cuidado y doméstico que realizan las mujeres.
La seguridad social, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un derecho humano fundamental que incluye el acceso a beneficios económicos y sociales en caso de enfermedad, maternidad, desempleo, discapacidad, vejez o fallecimiento del principal sostén familiar. En América Latina, el derecho a la seguridad social está garantizado en la mayoría de las constituciones nacionales, y la región ha avanzado considerablemente en la creación de sistemas de protección social más inclusivos. No obstante, persisten importantes brechas y desafíos estructurales que impiden que las mujeres disfruten plenamente de este derecho.
En primer lugar, la desigualdad laboral afecta de manera significativa el acceso de las mujeres a la seguridad social. A pesar de los avances en términos de participación laboral femenina, las mujeres en América Latina continúan siendo predominantemente empleadas en sectores informales y precarios, donde la cobertura de seguridad social es limitada o inexistente. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aproximadamente el 54% de las mujeres trabajadoras en la región se encuentran en el sector informal, lo que significa que carecen de acceso a prestaciones como jubilación, atención médica y seguro de maternidad.
En segundo lugar, las brechas de género en los ingresos también limitan el acceso de las mujeres a la seguridad social. Las mujeres, en promedio, ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, lo que afecta su capacidad para contribuir a los sistemas de seguridad social y, por tanto, reduce los beneficios a los que tienen derecho, especialmente en relación con las pensiones. Esto se traduce en una mayor vulnerabilidad económica en la vejez, donde muchas mujeres dependen de pensiones mínimas o de la ayuda de familiares para subsistir.
Uno de los mayores desafíos en los sistemas de seguridad social de América Latina es la subestimación del trabajo de cuidado no remunerado realizado mayoritariamente por mujeres. El trabajo de cuidado, que incluye la crianza de hijos e hijas, el cuidado de personas enfermas o mayores y las tareas domésticas, es esencial para el bienestar de las sociedades, pero ha sido históricamente ignorado por las políticas de seguridad social. En la mayoría de los países latinoamericanos, los sistemas de seguridad social no reconocen ni compensan adecuadamente este trabajo, lo que refuerza las desigualdades de género.
La feminización del cuidado significa que las mujeres asumen una mayor carga de trabajo no remunerado, lo que a menudo limita su capacidad para participar plenamente en el mercado laboral formal y, por ende, su acceso a la seguridad social. En este sentido, los Estados en América Latina han perpetuado un modelo que invisibiliza y precariza el trabajo de cuidado, relegándolo a la esfera privada y desvinculándolo del sistema de protección social.
Algunos países han comenzado a implementar políticas que buscan reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado, como las pensiones no contributivas para amas de casa en Argentina o los programas de cuidado de niños, niñas y personas mayores en Uruguay. Sin embargo, estas políticas aún son insuficientes para abordar las profundas desigualdades que afectan a las mujeres en el acceso a la seguridad social.
El contexto actual de América Latina, caracterizado por la creciente feminización de la pobreza y la persistente desigualdad de género, plantea importantes desafíos para la reformulación de los sistemas de seguridad social. Para garantizar que las mujeres accedan plenamente a sus derechos de seguridad social, es fundamental avanzar hacia sistemas más inclusivos, que reconozca las diferencias de género y promueva políticas que aborden las necesidades específicas de las mujeres.
Es crucial implementar políticas que promuevan la formalización del empleo femenino. Esto incluye la creación de empleos formales en sectores donde las mujeres están sobrerrepresentadas, como el trabajo doméstico y los servicios de cuidado, y el establecimiento de políticas laborales que garanticen el acceso a la seguridad social para las trabajadoras informales.
Es fundamental desarrollar políticas de cuidado que reconozcan y valoren el trabajo no remunerado. Los sistemas de seguridad social deben incluir mecanismos que compensen a las mujeres por el tiempo dedicado al cuidado, como las pensiones por cuidado o los créditos de jubilación basados en el trabajo de cuidado no remunerado. Estas políticas no solo reducirían la brecha de género en las pensiones, sino que también contribuirían a una mayor equidad en la distribución del trabajo de cuidado. Adicionalmente, es necesario garantizar el acceso universal a la seguridad social, independientemente de la situación laboral o de género. Esto implica avanzar hacia sistemas de seguridad social que no dependan exclusivamente del empleo formal, sino que proporcionen una red de protección amplia y accesible para todas las personas, incluidas las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El derecho a la seguridad social de las mujeres en América Latina sigue siendo un ámbito en el que persisten profundas desigualdades de género. A pesar de los avances formales en términos de reconocimiento constitucional, las mujeres continúan enfrentando barreras significativas para acceder plenamente a la seguridad social, debido a su predominancia en el empleo informal, las brechas salariales y la carga del trabajo de cuidado no remunerado. Un enfoque de género es esencial para reformular las políticas públicas en la región y garantizar que la seguridad social sea verdaderamente inclusiva, reconociendo las especificidades del trabajo de cuidado y promoviendo la igualdad de género en todos los ámbitos.
Para avanzar hacia un futuro más equitativo, los sistemas de seguridad social en América Latina deben adoptar políticas que reconozcan y valoren el trabajo de cuidado, promuevan la formalización del empleo femenino y garanticen el acceso universal a la protección social.