Por: Gustavo Jalkh Röben, Doctor en Derecho Internacional por la Universidad de París Pantheón-Sorbonne. Abogado y Doctor en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Profesor universitario. Fue Ministro de Justicia y Derecho Humanos, Ministro del Interior y Presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador. “Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia”, “Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile”, “Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú”. Actualmente es Presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia (IIBJ) y Director Académico de la Corporación 2030.

El desarrollo humano y la seguridad ciudadana están directamente relacionados y son mutuamente proporcionales, es imposible aspirar a lo uno sin implementar lo otro. Se requiere entonces en la política pública una visión integral de las problemáticas relacionadas, lo cual solo se logra ciudadanizando las instituciones y las políticas públicas. En efecto, mayores niveles de libertad y de igualdad en una sociedad no se producen por generación espontánea, son consecuencia de decisiones de poder que se traducen en políticas públicas; son el resultado de modelos de organización social, diseñados, decididos e implementados, son producto de la concepción de estado que se tenga. Producto de esas decisiones, si bien el mundo es cada vez más rico, a la vez es más desigual.

Hay gobiernos que proclaman una gran defensa de las libertades, pero al descuidar el acceso a educación universal y de calidad, atentan contra la libertad que suponen defender. Si se proclama defender la vida, pero se coarta el acceso a la salud universal y de calidad, se vulnera el derecho a la vida que se supone defender. Si se habla de seguridad, pero se deja en la impunidad las muertes violentas, se deshonra la vida y se estimula la violencia. Si se habla de libertad, pero se vulnera el derecho a una educación de calidad, “esa libertad” es solo el caldo de cultivo de desigualdades y privilegios. Si el trabajo humano es considerado un instrumento sometido a los beneficios del capital, entonces las libertades desaparecen, aunque se diga defenderlas.

El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Conocemos que así reza su texto; sin embargo, el conocimiento sin acción es tan inútil como la acción sin conocimiento. El desafío de la humanidad no es firmar una Convención con estos contenidos, el gran reto es hacerla una realidad en la vida cotidiana de las personas. A ese desafío le podemos aplicar la reflexión de Amartya Sen: “Obviamente, existe un contraste radical entre una concepción de la justicia ‘basada en esquemas’ y una ‘basada en realizaciones’: esta última debe concentrarse, por ejemplo, en el comportamiento real de la gente en lugar de presumir la observancia general de un comportamiento ideal”. Es decir, la disposición del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y todo su contenido, o se quedan en declaraciones líricas, en una concepción basada en esquemas, o se convierten en patrón de conducta de los Estados, sus gobernantes y gobernados; o son postulados ilusorios, o se convierten en hoja de ruta de las políticas públicas de los Estados parte.

El aparente consenso alrededor de la idea de que el más alto deber del Estado es garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, se diluye en el accionar de muchos gobiernos cuando se trata de llevar a la práctica dicho postulado y concretarlos en las políticas públicas; cuando se trata de hacerlos una realidad en la vida cotidiana de las personas. Es en ese momento, al tomar decisiones políticas, cuando se devela el verdadero valor que se les da a los Derechos Humanos; es ahí, cuando se devela que para algunos los Derechos Humanos constituyen genuinas obligaciones que los Estados deben atender con prioridad y oportunidad; mientras que, para otros, los Derechos Humanos, al hacer política pública dejan de ser imperativos para transformarse en buenas intenciones o simplemente en recomendaciones deseables.

Cuando los gobernantes hablan de Derechos Humanos, pero no los aplican, o cuando piensan que es válido defender unos derechos y descuidar otros, o cuando creen que es válido hablar de los derechos de libertad y libre mercado y descuidan los derechos económicos y sociales de la ciudadanía, recuerdo esa frase de Eduardo Galeano que advierte: “No hay que caer en la costumbre de algunos intelectuales que aman a la humanidad, pero desprecian a la gente”.

Hay preguntas que aún se imponen en muchas sociedades, no tanto desde el ¿cómo?, sino desde el ¿por qué?: ¿Por qué no se eliminan los privilegios? ¿Por qué no se garantiza en la práctica que todos seamos iguales ante la ley? ¿Por qué no se disminuyen las indecentes desigualdades sociales presentes y crecientes en muchas regiones del mundo? Estas preguntas se deben responder desde el estándar ético mínimo que representa para la comunidad internacional la Convención Internacional de los Derechos Humanos.

En América Latina, en muchas ocasiones, al hablar de Derechos Humanos, el discurso, los análisis y las acciones se han centrado en buscar la protección de los derechos civiles y políticos. Aquello en su momento significó sin duda un avance y una necesidad, sobre todo en un contexto histórico en los que gobiernos autoritarios y dictaduras militares fueron una constante en el subcontinente. Con la llegada de la democracia formal, dicho énfasis en la agenda de organizaciones defensoras de derechos, organismos internacionales y sociedad civil continuó. Si bien en los desarrollos doctrinales es aceptado generalmente que tanto los civiles y políticos, como los económicos y sociales son de igual jerarquía, en la práctica, quienes se preocupan por el estudio y defensa de los derechos humanos se concentran de manera general en resaltar la importancia de los derechos civiles y políticos y en estar prestos a levantar la voz cuando estos se ven amenazados, pero poco se dice sobre el acceso a los derechos económicos y sociales. Cuando se habla de Derechos Humanos, es frecuente referirse a los derechos de libertad y menos frecuente hacerlo a los derechos que defienden la igualdad. Pero incluso en los de libertad, poco se menciona sobre la importancia del acceso a información veraz y se reclama mucho más, libertad de expresión y no tanto la libertad de pensamiento. Parece necesario aplicar mayor rigor en el respeto de los derechos económicos y sociales, más aún cuando se coincide de manera general que uno de los males más graves del subcontinente latinoamericano es el de constituir la región más desigual del planeta, pero no sólo aquello, sino que por consecuencia también el más violento.

El gran desafío de Latinoamérica es superar la desigualdad, como dice Alicia Bárcenas, “la desigualdad no solamente es éticamente inmoral, políticamente indeseable, sino que también es económicamente ineficiente”. Educación, salud y empleo resultan los mejores antídotos a la inmovilidad social y para ello se requiere acción colectiva, es decir políticas públicas en esa dirección.

El acceso a la justicia es un derecho en sí mismo, pero también es un derecho medio para la realización de otros derechos; de ahí que, en materia de protección de derechos, seguridad ciudadana y lucha contra la impunidad, es necesario preguntarse: ¿Cómo garantizar un acceso igualitario a un servicio de justicia efectivo, sin discriminación y sin privilegios? Lo primero que hay que hacer es superar el error frecuente que consiste en diseñar programas de reforma judicial inspirados en modelos de oferta y no en modelos de demanda del servicio. Dicho error produce la calamidad de hacer que en las políticas públicas prime la perspectiva unilateral del oferente del servicio por sobre las necesidades que se requiere atender en quienes demandan el servicio; así, muchas iniciativas de mejora cayeron en el “más de lo mismo”. Poner en marcha un servicio público, en este caso de justicia, requiere romper las barreras de acceso al servicio, ya sean estas geográficas, económicas, culturales o de efectividad, pensando en función de lo que la población necesita; lo cual implica a su vez, pensar, sentir y actuar como ciudadanía desde la institucionalidad.

Más jueces o ciertas reformas legales que impliquen procesos judiciales modernos, más ágiles y efectivos, son políticas necesarias en muchas ocasiones, ofrecer más no se debe descartar; sin embargo, debe hacerse como medio para atender de mejor manera la demanda del servicio. La ampliación cuantitativa del servicio debe estar acompañada de modelos de gestión adecuados y de herramienta técnicas que permitan evaluar sobre la marcha la calidad de la atención y la efectividad del servicio; para ello, afianzar los sistemas de estadísticas judiciales es la primera muestra de transparencia en la gestión, de autocrítica, autoevaluación y voluntad de mejora continua.

Asimismo, para lograr niveles de seguridad ciudadana, los aparatos policiales, deben tener una visión ciudadana de servicio, es decir el espíritu de servicio debe dominar el espíritu de cuerpo institucional y el mando civil liderar los esfuerzos hacia el fortalecimiento de la policía comunitaria, preventiva y cercana a la ciudadanía. La capacidad de investigación científica del delito que honre la vida, sin dejar muerte alguna en la impunidad. Son esos esfuerzos, entre 2007 y 2017, los que hicieron de Ecuador uno de los países más seguros de la región. El abandono de esa visión ciudadana de los aparatos de seguridad estatales es una de las causas para que Ecuador retroceda más de una década en materia de seguridad ciudadana y hoy tenga los peores índices de violencia criminal de su historia.

A continuación, analizaremos algunas estadísticas que demuestran la directa relación que tiene en una sociedad los niveles de desigualdad y de violencia. Y como estas disminuyen o aumentan de manera simultánea de acuerdo a las políticas públicas que se implementen. En este sentido, el caso del Ecuador es emblemático, en buenas y en malas prácticas. Durante 10 años (entre 2007 y 2017) se implementaron políticas de desarrollo humano, acceso a servicios públicos y eficiencia institucional; como resultado de aquello, se puede verificar simultáneamente la disminución de desigualdades y de pobreza en el país y la disminución de la impunidad y la violencia social. El quiebre de estos estándares fue tan fuerte y rápido que se llegó a hablar del “milagro ecuatoriano” convirtiendo a varias ciudades del Ecuador en las más seguras del continente y al país en sí mismo, como un referente de políticas sociales, siendo el país de la Región que más disminuyó la pobreza en dicho período.

A partir del año 2017, dichas políticas sociales, de acceso a derechos y eficiencia institucional son abandonadas produciéndose un incremento inmediato de los índices de desigualdad social, de aumento de la pobreza y paralelamente un aumento de los índices de violencia, llevando al país en poco tiempo a superar las peores cifras de su historia. El reciente informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas demuestra que el abandono de las políticas sociales y de seguridad ha significado para Ecuador un retroceso de más una década, regresando a los niveles del año 2010, muy lejanos a los buenos niveles alcanzados hasta el año 2017.

Los siguientes gráficos estadísticos son elocuentes en cuanto a la relación entre eficiencia en la lucha contra la impunidad y seguridad ciudadana; entre disminución de la pobreza y disminución de la violencia; y, la relación de dichas políticas con los niveles de desarrollo humano.

En el gráfico nº 1 podemos apreciar que hasta el año 2012 se mantenía un nivel extremo de ineficiencia judicial en cuanto al juzgamiento y evacuación de las causas judiciales sobre homicidios y asesinatos; sin embargo, a parte del mencionado año la eficiencia del sistema judicial en el esclarecimiento y juzgamiento de los delitos de muertes violentas acompaña la caída acelerada de la tasa de homicidios en el país a partir del año 2012. A su vez, el gráfico nº 2, muestra que la caída de la pobreza en el país y particularmente de la pobreza extrema, acompaña también la caída de la tasa de homicidios en el país. En definitiva, un país más igualitario es a la vez un país más seguro.

Los gráficos Nº2 y Nº3 en cambio, nos muestran el fenómeno inverso y lamentable a partir del año 2017, esto es, con el abandono de las políticas sociales se produce un acelerado incremento de la pobreza en el país y particularmente de la pobreza extrema en el sector rural; asimismo, se abandonan las políticas de seguridad basadas en derechos humanos, se elimina el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se fusiona el Ministerio del Interior con el Ministerio de la Política y se genera una ineficiencia institucional sin precedentes, lo cual produce (Gráfico nº3) un incremento dramático y sin precedentes en el Ecuador de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes.

Finalmente, el gráfico Nº 4 muestra que según el reciente informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano en el mundo, en Ecuador la calidad de vida de sus habitantes ha retrocedido una década, lo cual coincide con el abandono desde el año 2017 de las políticas sociales y de seguridad que habían ubicado al país en los mejores niveles de la región particularmente desde el año 2013 hasta el año 2017.

En definitiva, los Derechos Humanos son un bloque indivisible, los gobiernos no pueden escoger unos y desechar otros, esa es una aberración que solo se ha superado en las palabras. En materia de seguridad, si las libertades se relativizan en aras de una supuesta seguridad, perecen en simultáneo tanto las libertades como la seguridad y por consecuencia el desarrollo humano. Si se descuida la seguridad como un derecho elemental de los ciudadanos y deber primordial del Estado, ningún desarrollo humano es posible. Kofi Annan, Ex-Secretario General de Naciones Unidas lo resumía muy bien: “Los pueblos necesitan desarrollo social para tener seguridad y seguridad para tener desarrollo social; pero no tendrán ni seguridad ni desarrollo social sin un integral respeto de los Derechos Humanos”. En efecto, tener buenos niveles de protección de los derechos civiles y político y bajos niveles de protección de los derechos económicos y sociales es tan inútil para el correcto desarrollo humano de una sociedad, como tener altos niveles de desarrollo de los derechos económicos y sociales y bajos niveles de protección de los derechos civiles y políticos.

La correcta implementación de unos y de otros en una sociedad nos podría garantizar los dos valores más anhelados en la convivencia humana: la igualdad de todos y la libertad de cada uno. La presencia de unos derechos no puede justificar la ausencia de otros. No se puede realmente hablar de libertad en tanto que derecho humano si buena parte de la sociedad no tiene acceso a educación, ¿cómo se podría hablar de protección del derecho a la vida, sin resolver problemas básicos de desnutrición infantil?

¿Se puede seguir calificando de sociedades democráticas a regímenes donde se elige de tiempo en tiempo a sus gobernantes, pero en las cuales quien nace pobre tiene todas las probabilidades de morir pobre? ¿La libre competencia puede ser considerada “libre” en condiciones de extrema desigualdad? ¿La “mano invisible” del mercado, en ocasiones muy visible, regulará por sí sola de manera correcta esas inequidades sociales generando igualdad de oportunidades?

Democracia y movilidad social son dos conceptos indisolubles, para alcanzarlas es necesario entender, no en la teoría sino en la práctica de los gobiernos, que también son inseparables los Derechos Humanos Civiles y Políticos y los Económico y Sociales.

En conclusión, comprender el significado profundo de la dignidad humana, es comprender el significado profundo de la igualdad de derechos y de oportunidades: sin igualdad de derechos, sin igualdad de oportunidades no podemos hablar de plena vigencia de los Derechos Humanos, ni de una relación justa entre los seres humanos. La igualdad ante la ley, es decir la ausencia de privilegios, y el acceso igualitario a derechos y oportunidades, es decir la ausencia de discriminación, no solamente son las únicas formas estéticas de relacionamiento entre los seres humanos, sino también las únicas formas éticas de hacerlo. Justicia y dignidad humanas son conceptos que se interrelacionan y se realizan simultáneamente; para asegurarse de aquello, las instituciones estatales deben organizarse y funcionar, de tal manera que se garantice un acceso a sus servicios y a su protección, con eficiencia en su funcionamiento y en igualdad de oportunidades. Lo dicho es una obligación para todas las instituciones públicas, pero resulta un imperativo en el funcionamiento de los poderes judiciales en las sociedades que aspiran a garantizar los derechos individuales y colectivos de sus integrantes, viabilizar el imperio de la ley, propiciar el buen vivir, evitar la impunidad y consolidar el Estado de Derechos y Justicia.