Por: Daniela Pacheco, colaboradora de IDEAL
Hoy se cumplen seis meses del gobierno Dina Boluarte en Perú, en medio de una de las peores aprobaciones presidenciales del continente, un marcado aislamiento internacional, un gobierno de “mano dura” y sistemáticas violaciones de derechos humanos.
Dina Boluarte sabe que la mano dura y el apoyo de las fuerzas armadas es su único sostén en el gobierno. Solo el 15% de las y los peruanos aprueban su gestión y el congreso derechista que la respalda, del 6%. Tan pronto se sentó en la silla presidencial estableció alianzas con los mismos sectores políticos que le lanzaban acusaciones de todo tipo cuando era parte del gobierno de Pedro Castillo. Ni un segundo le duraron sus dizque convicciones de izquierda para terminar siendo la cara —porque no el cerebro— de un gobierno de derecha autoritario y represor.
A su pésima aprobación presidencial se suma el aislamiento y repudio internacional. Gobiernos históricamente cercanos como México, Bolivia y Colombia han sido muy enfáticos en desconocerla como presidenta y en señalar sus tintes autoritarios contra el pueblo peruano. Otros gobiernos que sí la han reconocido como Brasil lo han hecho en voz muy baja.
Organizaciones como Naciones Unidas, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, han emitido informes lapidarios responsabilizando a las fuerzas de seguridad de la represión contra el pueblo peruano y las muertes durante las protestas populares en contra de su gobierno. HRW enfatizó que el Ejecutivo no tomara medidas para que los responsables rindieran cuentas. Más de 70 personas muertas, especialmente de zonas indígenas, por las que todavía nadie responde.
No es casualidad que cuando organizaciones sociales y civiles anunciaron la reactivación de las protestas populares y una nueva Toma de Lima, el Congreso haya autorizado la llegada de 1000 soldados estadunidenses para la realización de supuestas “actividades de cooperación de entrenamiento” a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Resulta obvio que la presencia de estos militares es parte de una política del terror contra el pueblo peruano.
Dina Boluarte renunció a hacer política desde que asumió su cargo y la cambió por la represión racista y los pleitos mediáticos. Sus alianzas políticas equivalen sólo a pactos para permanecer en el cargo. Partidos como Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País que hoy la apoyan, le soltarán la mano tan pronto deje de serles útil.
Este articulo fue publicado originalmente en Milenio