Por: Daniela Pacheco, colaboradora de IDEAL
A rodear a Bernardo Arévalo y a Guatemala
“Hoy comienzan cuatro años de un mandato que seguramente estará marcado por obstáculos, muchos de los cuales no podemos prever en este momento porque sabemos que el cambio puede ser difícil”, fueron algunas de las palabras del discurso de posesión del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
La rotunda victoria del izquierdista en la segunda vuelta presidencial con un 60.1% por sobre el 39% obtenido por su contrincante inmediata, parecía una reprimenda de las y los votantes a la élite política tradicional lo suficientemente fuerte para garantizar una tranquila transición del poder. Por el contrario, arreció la persecución política y los poderes fácticos, amparados en las autoridades judiciales y el poder legislativo, no entendieron —hasta el dia de hoy— que se produjo un cambio en la correlación de fuerzas ni tampoco el contundente mensaje popular que se dio en las urnas el pasado 25 de junio de 2023.
Hablamos de interferencias en el proceso electoral desde el día siguiente posterior a las elecciones que amenazan la voluntad expresada por el pueblo en las urnas, en el marco de un sistema político dominado por el “pacto de corruptos”, un conjunto institucionalizado y amplia y públicamente conocido de redes para cometer delitos y garantizar impunidad que atraviesa a la política y el Estado guatemaltecos. Según el Índice de Transparencia Internacional, Guatemala ocupa el lugar 160 de 180, posicionándose entre los países con más corrupción en el mundo.
La llegada de Bernardo Arévalo amenaza el status quo impera en el país y protege a dicho pacto, pero también es la muestra más explícita de los deseos de cambio del pueblo guatemalteco, cuya movilización, acompañada de la presión de la comunidad internacional, han sido claves para que el progresista se haya podido poner la banda presidencial, después de los múltiples obstáculos, que incluyeron hasta amenazas de muerte.
Arévalo llega con altas expectativas de cambio y para llevar adelante sus planes debe intentar recuperar el sistema de justicia para poder avanzar. En palabras del propio presidente, “enfrentará desafíos monumentales para erradicar las prácticas de corrupción que están enquistadas en tribunales, fiscalía, Parlamento, gobierno, alcaldías y otras instituciones públicas”.
Al reto de recuperar las instituciones públicas hay que sumar que el presidente de Guatemala solo cuenta con una bancada de 23 diputados ante una fuerza opositora que ha representado y seguramente seguirá representando los intereses de los sectores tradicionales de la política y que acumula al menos 100 diputados distribuidos en una decena de partidos que suelen aliarse. Tendrá que tejer alianzas estratégicas al mismo tiempo que le tocará pintar líneas rojas.
Guatemala está finalmente frente a una oportunidad histórica de tener un gobierno que le sirva al pueblo y no a los corruptos de siempre. La misma comunidad internacional que levantó la voz vehementemente este domingo pasado, y mucha más, no pueden darle la espalda después. Las intenciones del establishment de minar su plan de recuperar la institucionalidad del Estado no acaban aquí y necesitará de muchísimo acompañamiento y cooperación; también de la solidaridad y del compromiso de América Latina depende el éxito de un gobierno de y para el pueblo guatemalteco.
Este articulo fue publicado originalmente en Milenio