Por: Daniela Pacheco, colaboradora de IDEAL
Las imágenes de delincuentes encapuchados que se tomaron un canal de televisión durante una transmisión en vivo en Ecuador le dieron la vuelta al mundo, como un hecho inédito. Sin embargo, atribuirle el hecho solamente al enfrentamiento entre bandas delincuenciales o a la fuga de un líder criminal es quitarle la responsabilidad al mayor causante de la crisis que atraviesa ese país sudamericano: el Estado.
De ser el segundo país más seguro de la región, con una tasa de 5.8 homicidios por cada 100 mil habitantes durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, Ecuador pasó al dominio de las bandas delictivas y el narco —siendo el Cártel de Sinaloa y el CJNG protagonistas— y hoy alcanza una cifra récord en su historia de 42 homicidios por cada 100 mil habitantes, convirtiéndose en el más violento de la región y en uno de los cinco más violentos del mundo.
Con la idea absurda del Estado obeso y bajo la visión neoliberal de su adelgazamiento a cualquier costo, durante los gobiernos de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso se eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad que, entre otras cosas, coordinaba tareas de seguridad con Colombia, país limítrofe y además donde se produce la droga que pasa y ahora se trafica por Ecuador; eliminaron el Ministerio del Interior, encargado de la policía y de la seguridad ciudadana; eliminaron el Ministerio de Justicia encargado del manejo de las cárceles que se convirtieron en centros de operaciones del crimen y en donde los motines y las masacres se transformaron en hechos cotidianos.
Esto se suma al desmantelamiento generalizado del Estado que alcanza a sectores como la salud, las pensiones y el empleo. De ser exportador de energía, Ecuador pasó nuevamente a importarla y a tener apagones a diario; el ingreso per cápita regresó a los niveles de 2011; y hoy solo tres de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, por mencionar solo algunos ejemplos.
En estos últimos siete años el crimen organizado ha crecido, se ha fortalecido, pero lo más importante y esta es la principal clave para explicar lo que está pasando hoy: el crimen organizado ha infiltrado a niveles inimaginables al Estado, ha infiltrado el sistema de justicia, las Fuerzas Armadas y al propio gobierno.
El presidente Daniel Noboa, cuyo gobierno es de transición, decretó el “Conflicto armado interno” para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar en las calles y reclusorios. Esta declaratoria se produce un día después de que el propio mandatario anunciara el estado de excepción por 60 días en todo Ecuador por la grave crisis carcelaria y de seguridad que se vive en el país.
Noboa carece de la experiencia política para enfrentar una crisis de esta envergadura y ni siquiera pudo conformar un gabinete que supere sus propias limitaciones y responda al momento histórico. Difícilmente en 16 meses, que será el tiempo que gobierne, podrá dar una respuesta integral y eficiente, al menos a la seguridad que es el tema más urgente para el pueblo ecuatoriano, pero no el único.
Su Plan Fénix, como bautizó su plan de seguridad y que ha llevado en total secretismo, porque seguramente no existe, necesita un timonazo. Lamentablemente, Ecuador va camino a convertirse en un Estado fallido. La crisis solamente se superará en unidad de todos los sectores, no hay más.
Este artículo fue publicado originalmente en Milenio